Martes, 17 de Mayo de 2022

El pasado viernes, el magistrado sustituto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez Cebrián, ponía patas arriba a la Comunidad de Madrid con la emisión de un auto en el que no ratificaba las medidas anti-covid implementadas en la región, entre las que se encontraba la prohibición de fumar en la calle o en las terrazas sin respetar la distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno.

Acto seguido el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recurría esa decisión y lamentaba que, de acuerdo con esa resolución, quedaban anuladas esas medidas de lucha contra el coronavirus aplicadas en todo el territorio nacional a instancias del ministerio de Sanidad.

Sin embargo, pocos días después ese mismo juez aseguraba que su auto no anulaba la orden regional, que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el miércoles 19 de agosto y entró en vigor el 20, y que las medidas seguían vigentes.

Una opinión que no compartía el Gobierno autonómico que al conocer las declaraciones de Villagómez aseguraba que estaba a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), instancia ante la cual habían recurrido el auto.

Para más inri, la Fiscalía de Madrid emitía el jueves un comunicado en el que reprendía al juez por no haberle pedido el informe pertinente antes de emitir ese auto.

Un informe que fue emitido días después y en el que aseguraba que no es necesaria la ratificación judicial de las medidas, ya que al ser conformes a la legalidad se pueden implementar. 

EL TJSM PONE FIN AL CAOS JURÍDICO

Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM se ha pronunciado este viernes en la misma línea que la Fiscalía poniendo fin a un caos jurídio que se ha alargado toda una semana y que ha paralizado la lucha de Madrid contra el coronavirus.

Los magistrados han anulado el citado auto y han declarado innecesaria la autorización o ratificación judicial de las nuevas medidas. Además se han pronunciado sobre el argumento que dio el juez para su no ratificación -que la Comunidad de Madrid publicó la orden que recogía las medidas en su boletín oficial sin que el ministerio de Sanidad hubiera hecho previamente lo propio en el BOE-.

En este sentido el TSJM ha señalado en su sentencia que «que la falta de publicación de una norma jurídica no afecta a su validez, dado que las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y declaradas en la Orden Ministerial de 14 de agosto de 2020, tienen como destinatario a las autoridades sanitarias autonómicas, como interlocutores de la administración del Estado, y no a los ciudadanos, por lo que, como tal instrumento de armonización y homogeneización, su publicación en el BOE resulta irrelevante, pues nada aporta sobre su validez y eficacia, tampoco sobre la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho no convalidable”.

En esta línea, la resolución recuerda que “las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma pueden acordar acciones preventivas generales y adoptar las medidas y limitaciones sanitarias que consideren oportunas cuando concurren razones sanitarias de urgencia o necesidad o para controlar enfermedades transmisibles, siempre que queden justificadas y se acomoden –principio de proporcionalidad-, al fin último de prevención y control de la salud individual y colectiva”.

TIEMPO PERDIDO

Tanto la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente, Ignacio Aguado, han lamentado la pérdida de tiempo que ha supuesto este embrollo jurídico contra el virus.

«Tener 17 legislaciones distintas hace muy complicado luchar de forma eficaz contra el virus», ha señalado Aguado mientras que Díaz Ayuso ha subrayado que Madrid «podía hacer lo que hizo».

«Era urgente, era necesario y era legal», ha agregado antes de concluir que su Gobierno seguirá luchando contra el coronavirus «en todos los frentes».