Martes, 20 de Abril de 2021

La semana pasada el líder de Vox, Santiago Abascal, concedió una entrevista a Europa Press en la que mostró tajante su opinión sobre la okupación en España: «A los okupas hay que echarles con una patada en el culo el mismo día», sentenció.

Unas declaraciones, celebradas por unos y criticadas por otros, que han reverdecido un perenne debate sobre los okupas -según el Instituto Cerdá, en España hay un total de 87.500 ocupaciones de viviendas denunciadas- y su encaje en la legislación, aupado por un vídeo que se ha convertido en viral en los últimas horas.

En él se puede ver a una mujer detrás de los barrotes de una vivienda que ha okupado hablando con unos vecinos que la instan a marcharse del inmueble que no es de su propiedad.

La okupa, muy tranquila, les explica que «si tienen algún problema» se pongan en contacto con su abogado. «¿Qué pone en la ley, caballero? Ustedes no tienen legitimación para desahuciarnos», manifiesta.

«Su ustedes no son los propietarios ni tienen nada que ver con esta propiedad lo normal es que se vaya«, razona uno de los vecinos, indignado ante la situación. «¿Se saben ustedes bien la ley entonces, ¿no? ¿por eso se han metido aquí?» lamenta.

La otra vecina le pide a la mujer sus datos, pero ella asegura que no está obligada a dárselos porque la policía ya estuvo en el inmueble y le tomo los datos.

«Yo no estoy denunciada ni tengo ningún antecedente penal. Yo no tengo nada que alegar», señala, a lo que el hombre contesta «¿nosotros somos los malos aquí, entonces?» y la okupa argumenta que «aquí no hay malos ni buenos, usted tiene su opinión y es totalmente respetable».

Un vídeo que rápidamente se ha propagado por las redes sociales y suma ya más de un millón de reproducciones.

El exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo ha compartido con sus 1,2 millones de seguidores en Twitter con un comentario en el que critica con dureza como la ley protege a los okupas y deja desamparados a los propietarios.

«Cuando unos okupas apelan a la ley para quitarle la casa a sus propietarios, es que hay que cambiar la ley. La historia ha demostrado que cuando un país deja de proteger la propiedad privada, está condenado a la ruina», afirma el expolítico.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La Carta Magna establece en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada y en el 47 el derecho a disfrutar de una vivienda diga y adecuada. El problema radica cuando estos dos derechos encallan.

Las primeras 48 horas de los okupas al meterse en una vivienda son clave. Dentro de este plazo, si los propietarios se dan cuenta -cosa que los okupas se suelen preocupar de que no ocurra- la policía podrá desalojarles sin necesidad de ninguna orden judicial al tratarse de un delito flagrante.

Si el propietario no se ha dado cuenta de que ha ocurrido la okupación en esos dos días, comienzan los problemas, a pesar de que en 2018 se modificó la legislación del desalojo por vía civil –desahucio por precario– , que trató de facilitar y agilizar los plazos.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que los legítimos propietarios, a pesar de que se decía que esta modificación conseguiría desalojos «exprés», pueden tardar más de un año que recuperar la vivienda.

Por esta vía, el propietario sólo tiene que presentar una demanda en los juzgados acreditando que la propiedad es suya. Después, los okupas disponen de un plazo legal de cinco días hábiles para demostrar que «ostentan legítimamente la posesión».

CÓDIGO PENAL

El Código Penal distingue entre el delito de allanamiento de morada, cuando la casa está habitada, y el de usurpación, cuando se trata de una casa no habitada.

El artículo 202 establece que «el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años«.

Además, si lo hiciera con «violencia o intimidación», la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Respecto de la usurpación, el artículo 245 reza que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses«.